Lezcano explicó que las obras sociales, como IPROSS, no cumplen con las normativas que garantizan reintegros de entre el 50% y el 70% en medicamentos. “Hoy esos porcentajes no superan el 20% o 25% debido a que se calculan sobre valores históricos desactualizados,” denunció. Además, subrayó que la cantidad de tratamientos cubiertos se ha reducido drásticamente.
Los hospitales de la región también están afectados. “Carecen de insumos básicos, personal médico y equipamiento,” indicó Lezcano, quien alertó sobre el impacto que esta situación tiene en los pacientes crónicos, principales usuarios del sistema de salud pública. Las demoras en tratamientos esenciales, que ahora se postergan por meses, agravan aún más la problemática.
La deuda del IPROSS con farmacias y proveedores, estimada en 12.500 millones de pesos, es otro factor que complica el panorama. Según el dirigente, la falta de pagos afecta directamente la disponibilidad de medicamentos y servicios médicos. “El sistema está devastado, y los jubilados, con ingresos limitados, son los más perjudicados,” aseguró.
Ante la falta de respuestas concretas, la Asociación de Jubilados ha realizado reuniones y gestiones con diversos niveles del gobierno provincial, pero los resultados han sido nulos. “Ni el gobernador ni el vicegobernador nos han recibido. La situación es crítica, y las autoridades no ofrecen soluciones,” lamentó Lezcano.
El dirigente también mencionó que el PAMI, aunque con menos afiliados en la provincia, presenta problemas similares. “Muchos jubilados no tienen acceso a Internet ni teléfonos, lo que dificulta cumplir con requisitos como las facturas electrónicas para obtener coberturas,” señaló. Esto deja a los sectores más vulnerables desprotegidos frente a un sistema que se vuelve cada vez más inaccesible.
Además de gestionar ante los organismos responsables, los jubilados han realizado protestas para visibilizar sus demandas. Sin embargo, según Lezcano, “la respuesta sigue siendo insuficiente, y el deterioro avanza.”
La Asociación de Jubilados enfatizó la urgencia de establecer políticas que garanticen el acceso a la salud para los adultos mayores, un derecho básico que hoy se encuentra seriamente amenazado en Río Negro.
“Esperamos que las autoridades comprendan la magnitud de este problema y actúen antes de que sea demasiado tarde,” concluyó Lezcano.