
En medio del debate por la eliminación de la barrera sanitaria al sur del río Colorado, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, reafirmó la postura patagónica: crear una zona buffer e impulsar una estrategia nacional para lograr un estatus sanitario unificado libre de aftosa sin vacunación.
“No se trata de carne, se trata de hueso. El impacto es 100% por el ingreso de hueso, no de carne, y eso debe quedar claro. La carne deshuesada del norte ya ingresa a la Patagonia desde hace años”, aclaró el ministro en diálogo con Radio 7.
Señaló que el cambio propuesto en la Resolución 180/25 pone en riesgo un esfuerzo de más de 24 años en la región, que ha mantenido un estatus libre de enfermedades como la fiebre aftosa sin necesidad de vacunación, clave para acceder a mercados internacionales.
La propuesta de las provincias patagónicas, consensuada en el bloque regional, consiste en crear una zona intermedia que incorpore sectores del norte al régimen sanitario patagónico.
“Si no hay circulación viral, corramos la barrera hacia el norte y compartamos el mismo estatus, sin vulnerar lo que los patagónicos construimos durante décadas”, explicó Banacloy.
El funcionario advirtió que una decisión apresurada podría paralizar la industria frigorífica, frenar exportaciones y comprometer economías regionales como las de Santa Cruz o Tierra del Fuego, que dependen casi exclusivamente de la ganadería. Además, planteó que la discusión debe superar el esquema actual: “No podemos seguir 24 años más debatiendo si entra el hueso o no. El país debe avanzar hacia un estatus sanitario superior, como ya lo hizo Brasil”.
Banacloy también desmintió uno de los argumentos más frecuentes en este debate: la supuesta baja de precios sin la barrera. “Es un mito. El asado que no puede ingresar no es por la barrera, es porque tiene hueso. Y el precio que paga el consumidor está más condicionado por la cadena comercial y la logística que por el origen de la carne”, aseguró.
Finalmente, valoró la suspensión de la resolución por 90 días y la apertura de una mesa de diálogo con las entidades rurales y el Gobierno nacional.